¿Qué es el Observatorio de Integridad Bonaerense?

Una herramienta para promover el monitoreo y control social en materia de integridad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la Provincia de Buenos Aires.

Ultima actualización: 23/05/2022 14:41

¿Por qué es necesario un Observatorio de Integridad Provincial?

Creemos que estas prácticas promueven una ciudadanía activa, colaboran con una mejor relación entre gobierno sociedad, ayudan a mejorar las políticas, construir un Estado más transparente y permite tener información para incidir en las políticas públicas.

Ultima actualización: 23/05/2022 14:44

¿Qué es IMPACTAR?

IMPACTAR busca fortalecer el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires por medio del aumento e impacto de la participación de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas democráticas, inclusivas y sustentables.

Nuestros objetivos son:

1) Mejorar las capacidades de participación e incidencia de organizaciones de la sociedad civil y otros actores no estatales en las políticas públicas de integridad.

2) Promover el monitoreo y control social en materia de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción.

¿CÓMO LOGRAREMOS LOS OBJETIVOS?

IMPACTAR va a lograr sus objetivos a través de tres líneas de acción:

PRIMERA: Co-construcción de la “Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025”, base de los procesos de fortalecimiento organizacional y de los planes de incidencia ciudadana a desarrollarse posteriormente a través de:

• Mapeo participativo de actores claves

• Diagnóstico colaborativo sobre el sistema de integridad de la Provincia de Buenos Aires

SEGUNDA: Ciclos de capacitación, transferencia de herramientas y acompañamiento a las OSC con el fin de instalar capacidad para la participación ciudadana, el control social y la incidencia colaborativa en materia de integridad pública bonaerense.

• Módulos de capacitación virtual y presencial

• Espacios de intercambios y de asesoramiento

• Talleres regionales presenciales junto a actores estatales y actores no estatales provinciales y locales

TERCERA: Construcción de planes de trabajo para incidir en la Agenda de Integridad de la Provincia de Buenos Aires y desarrollo de un sistema de monitoreo participativo que permita evaluar los avances.

Ultima actualización: 24/05/2022 21:20

¿Quiénes conformamos IMPACTAR?

Fundación Poder Ciudadano trabaja por el buen gobierno del Estado, la transparencia y el fortalecimiento de la democracia. Su misión es promover la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información pública para fortalecer las instituciones a través de la acción colectiva.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)  es una organización apartidaria, sin fines de lucro. Sus objetivos son: defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del Estado de Derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos más desfavorecidos y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas participativas y deliberativas de la democracia.

Fundación Directorio Legislativo es una organización apartidaria, que promueve el fortalecimiento de los poderes legislativos y la consolidación del sistema democrático a través del diálogo, la transparencia y el acceso a la información pública.

Centro de Estudios para la Gobernanza apunta a trabajar en forma mancomunada con gobiernos, sector privado y el tercer sector, en la inteligencia de que mejorar la calidad institucional, la gestión y administración de los asuntos públicos, desde un enfoque de Derechos Humanos, resulta nodal para pensar una ciudadanía activa y participativa.

Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales es una asociación civil sin fines de lucro radicada en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, dedicada a fortalecer y modernizar las instituciones públicas provinciales, y promover y defender el reconocimiento igualitario de derechos constitucionales a nivel local.

Escuela de Fiscales es un espacio plural, democrático y apartidario que, desde 2015, promueve que la ciudadanía canalice sus inquietudes e intereses en materia cívica, alentando la participación, el activismo, la inclusión y el compromiso con la transparencia y calidad institucional.

Ultima actualización: 24/05/2022 21:20

¿Cómo medimos el sistema de Integridad?

En el Observatorio de Integridad Bonaerense se monitorean los siguientes 7 objetivos:

1) ÉTICA PÚBLICA

Para fortalecer la integridad en la función pública es preciso garantizar que las autoridades se comporten de acuerdo a los más altos estándares de ética pública.

Una política pública de integridad debe ser entendida como un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades que pueden derivar en hechos de corrupción dentro de las distintas dependencias estatales, cualquier sea su nivel o jerarquía.

Esta política debe basarse en cuatro pilares básicos: ejercicio ético de la función pública, transparencia y máxima divulgación de los actos de la Administración; participación y control social de la gestión pública y rendición de cuentas.

Además, estas acciones, mecanismos y procedimientos deben estar diseñados tomando en cuenta toda la "cadena de valor anticorrupción": prevención, detección, investigación, sanción, recuperación y reparación del daño producido.

2) ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental en una sociedad democrática y todos los Estados tienen la obligación de asegurar su cumplimiento y tomar medidas para fortalecerlo. Asimismo, es un vector de la pluralidad y la transparencia y su goce es una precondición para el ejercicio de otros derechos. En un sistema democrático, tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, la transparencia de los actos de gobierno, la propiedad de la información, el uso de evidencia para la elaboración de políticas públicas y el control social de la gestión estatal.

La Provincia de Buenos Aires reconoce en su Constitución el derecho de “toda persona” a la información y comunicación (art. 12 inc. 4). Si bien la disposición constitucional es positiva, al ser amplia y explícita (a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con la Constitución Nacional y las de otros distritos del país), en los hechos se enfrentan muchas barreras para su ejercicio.

3) TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA

La transparencia presupuestaria cumple numerosas funciones relacionadas no sólo a una adecuada rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos, sino también a fomentar la participación de la ciudadanía en torno a la priorización del gasto del Estado y las instituciones que lo componen conforme a sus demandas. A su vez, contribuye a mejorar las respuestas y las capacidades que tiene el Estado para implementar sus políticas.

4) PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación ciudadana es fundamental para la calidad democrática, ya que incorpora de manera activa a la sociedad al proceso de decisión de las políticas públicas, de forma que se definan a partir de sus demandas, propuestas y derechos. 

Su incorporación integral en todas las fases que componen a las políticas públicas -diseño, implementación, evaluación- mejora la gestión gubernamental, fortaleciendo el desarrollo inclusivo y sostenible en tanto implica “sentirse parte” de los asuntos públicos y ejercer el derecho al monitoreo y control de la gestión gubernamental y del uso de recursos públicos .

Atravesada por la tensión entre mecanismos tradicionales de representación y nuevas formas de movilización y expresión de personas y grupos de cara a los Estados, la participación ciudadana es el motor central del circuito de retroalimentación democrática que conecta la toma de decisiones con la garantía del ejercicio de derechos.

La participación, además, debe ser entendida como un derecho, ejercida de manera consistente con el marco de derechos humanos, que requiere que sea equitativa, plena, significativa, multisectorial e inclusiva.

5) ORGANISMOS DE CONTROL TRANSPARENTES Y ABIERTOS A LA CIUDADANÍA

Un sistema de integridad requiere de organismos de control independientes, eficientes, que cuenten con recursos suficientes, orientados a la rendición de cuentas y con capacidad para la sanción de irregularidades.

Asimismo, deben garantizar la participación de la ciudadanía en todos sus procesos, promoviendo un diálogo constante en el que los objetivos del proceso de control se orienten a las necesidades de las personas.

La existencia y publicidad de planes e informes de auditoría, así como la incorporación de mecanismos de seguimiento y accountability social son ejes centrales de la función de control, eslabón fundamental de todo sistema de integridad.

6) TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

El Estado de Derecho republicano se asienta en los principios de división de poderes y de legalidad. El primero refiere a un sistema de frenos y contrapesos en base al cual los tres Poderes del Estado se controlan mutuamente en el ejercicio de sus facultades, sin intervenir ni suplir la función inherente a cada uno. En esta distribución de roles, el Poder Judicial controla la constitucionalidad de los actos de los otros dos. Esa facultad se vincula con el segundo de los principios: quienes ejercen la autoridad judicial tienen a su cargo garantizar que el poder público sea ejercido de forma tal que la primacía de las leyes y los derechos de las personas sean el principio y fin de toda la actividad estatal.

Por estos motivos, es necesario preservar al Poder Judicial y a sus autoridades de cualquier tipo de injerencia de actores externos, de forma tal que sus decisiones se funden exclusivamente en la Constitución y las leyes. La independencia judicial opera de esta forma no sólo como reaseguro del adecuado funcionamiento institucional de la democracia sino también de los derechos de las personas y colectivos sociales.

La transparencia cumple un rol fundamental a la hora de garantizar autoridades judiciales independientes. Es necesario que la ciudadanía pueda monitorear que la actuación judicial sea, en todo momento, imparcial. A su vez, un Poder Judicial que rinda cuentas a la ciudadanía de forma permanente y proactiva aumenta la legitimidad de sus decisiones, la confianza ciudadana en su desempeño y reduce las posibilidades de corrupción.

7) SISTEMA ELECTORAL TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

Para garantizar los derechos políticos es central contar con sistemas electorales que aseguren la representación de todos los intereses legítimamente constituidos, así como elecciones regulares, limpias y competitivas.

Sin embargo, estos rasgos no garantizan per se la integridad del sistema electoral. Se requiere un marco legal amplio –ausente hoy en territorio bonaerense–, que obligue a una exhaustiva rendición de cuentas a los partidos políticos, con especial énfasis en los que ejercen el gobierno y su relación con los recursos públicos que administran.

A esto se suma contar con autoridades electorales independientes, con capacidades financieras y técnicas suficientes para realizar sus tareas y que puedan aplicar sanciones realmente disuasorias frente a irregularidades, sobre todo, de financiamiento de las campañas electorales.

La transparencia e integridad de los instrumentos de sufragio, la existencia de un Código Electoral específico, así como los mecanismos que garanticen que el financiamiento de la política sea trazable y en base a recursos legítimos son, junto con la posibilidad de monitoreos cívicos de las elecciones, líneas de trabajo centrales para promover la transparencia y responsividad del sistema electoral.

Ultima actualización: 24/05/2022 21:17

Contexto

En mayo de 2020, Poder Ciudadano, ACIJ y Directorio Legislativo presentábamos públicamente la iniciativa IMPACTAR. Esto en el mismo instante en que nuestra sociedad atravesaba un momento histórico sin precedentes: el del trastrocamiento total de la vida social y del funcionamiento de las instituciones democráticas por el impacto de la pandemia desatada por el COVID-19. En ese momento, hablar de sistemas de integridad, de ética pública, de transparencia, de acceso a la información pública y de participación ciudadana no parecía atender al pulso de lo que ocurría a nuestro alrededor.

Pero la pandemia justamente mostró algo que estaba por detrás de la propuesta de IMPACTAR y que es el corazón del trabajo de las organizaciones que hacemos foco en la calidad de las instituciones y en la integridad: que la información pública es un activo central de la vida democrática y que sin información –veraz, precisa, oportuna y disponible para la ciudadanía cualquiera sea su situación- es casi imposible el ejercicio de derechos fundamentales.

Que sin ética en el ejercicio de la función pública, los recursos que manejan los Estados –que pertenecen a las personas que habitan un territorio- pueden no llegar allí donde tienen que estar. Y que el ojo dela ciudadanía puesto en el control de los asuntos públicos hace que las gestiones gubernamentales deban ajustar sus acciones. Y así, en la emergencia, la información salvó vidas, los recursos públicos trazables pudieron atender lo urgentísimo y una ciudadanía atenta a la gestión estatal pudo salir de un escenario luctuoso y muy incierto.

En 2020 hablábamos de la deuda de la Provincia de Buenos Aires con las y los bonaerenses: de la falta de un sistema de integridad a la altura de su importancia. Decíamos que esta era una responsabilidad compartida por todos los poderes del Estado y que sin voluntad política y participación

transparencia e independencia del Poder Judicial, sistema electoral transparente y responsable. El balance 2022 nos dice que aún hay mucho por hacer.

Los dos ejes centrales de este sistema son sin dudas el de ética pública y el de acceso a la información pública: sin ellos hablar de integridad es una quimera. Los dos años transcurridos desde nuestro primer diagnóstico no superaron aún el reto de dotar a la Provincia de Buenos Aires de dos normas en estos campos que cumplan con estándares internacionales y lo hagan desde perspectiva de derechos y género. Este Informe se escribe a la espera de que el Anteproyecto de Ley de Ética Pública y Transparencia sea presentado para su debate en la Legislatura y que su modelo de co-creación sea adoptado y mejorado, para el caso del acceso a la información pública.

En materia de participación ciudadana, la pandemia cambió muchas de las reglas de juego de manera definitiva, la virtualidad habilitó espacios de diálogo y consulta –como los desarrollados en el marco de la Agenda Participativa pero la deudas centrales siguen allí: la iniciativa popular y la consulta popular no están reglamentadas –nuevamente hay proyectos en ambas Cámaras para que el Poder Legislativo las trate.

En la línea de los pendientes, la presidencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia se encuentra vacante desde febrero de 2022 en tanto el Senado provincial no aprobó el pliego de una nueva candidatura presentada por el Poder Ejecutivo. Tratándose del órgano constitucional designado para el ejercicio del control sobre la administración y gestión de los recursos públicos de la Provincia de Buenos Aires, esta no es una designación que pueda hacerse esperar. que pueda hacerse esperar.

Sobre este último punto, la Provincia mantiene aún grandes deudas en lo que a la transparencia presupuestaria refiere. Actualmente no solo no existen espacios a nivel provincial para la participación ciudadana en el ciclo presupuestario, si no que la información disponible es escasa, poco clara y los formatos en las que se publica no permiten realizar un seguimiento accesible y en tiempo real sobre la planificación y gastos realizados para la ejecución de las políticas públicas.

La pandemia representó también un gran desafío para el funcionamiento del sistema de justicia de la Provincia de Buenos Aires. En este punto, es necesario avanzar con una serie de reformas que fortalezcan la transparencia e independencia de las instituciones de este Poder del Estado a través, entre otros, de procesos de selección y disciplinarios más transparentes e imparciales. En particular, es fundamental la designación de los cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia con candidatas de forma de asegurar una composición igualitaria en materia de género.

Y una vez más, en materia electoral, se reabre el debate por el instrumento de votación. Pero en el caso de la Provincia de Buenos Aires, el reto es mucho más grande: la construcción de un régimen electoral provincial integral, no sólo con reglas claras y propias para la Provincia sino con capacidades estatales complejas que permitan evaluar con principio de realidad la autonomía bonaerense en este campo. La Provincia de Buenos Aires se merece esa autonomía, pero debe ser construida con bases sólidas, sin atarse a los climas electorales o los vaivenes de las fuerzas políticas, sino pensando en los derechos políticos de quienes viven en territorio bonaerense.

Y este balance debe sumar un apartado especial: desde IMPACTAR impulsamos el primer trabajo en territorio bonaerense de co-construcción de una agenda de integridad con perspectiva de género y diversidad. Esa Agenda explicita que sin integridad pública y sin perspectiva de género en el diseño y gestión de los asuntos públicos, la violencia por razones de género tiene el campo libre para desplegarse en el Estado, allí donde por definición, debemos tenerle tolerancia cero.

Cuando presentamos la Agenda de Integridad Bonaerense 2020-2025 nos planteamos una hoja de ruta colaborativa, multiactoral y propositiva.

Nuevamente, desde el consorcio IMPACTAR –ahora conformado por nueve organizaciones queremos reafirmar el compromiso de acompañar el fortalecimiento del sistema de integridad bonaerense, en el convencimiento de que más integridad es más transparencia, más participación, menos corrupción, más derechos y mejores políticas públicas para las y los bonaerenses.

Ultima actualización: 24/05/2022 19:03